Mar Menor, primer espacio natural con personalidad jurídica
El Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de la ley promovida por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía, con el respaldo de 640.000 firmas recogidas por todo el país, otorgar personalidad jurídica al Mar Menor. Con 274 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones, el martes 5 de abril de 2022 marca la fecha para que, por primera vez en España y en Europa, se escriba el texto de derechos propios de un ecosistema.
La personalidad jurídica para la laguna costera de la Región de Murcia es casi una realidad. Ya admitida en el Congreso, ahora volverá a la Comisión de Transición Ecológica para que la tome en consideración. Para su puesta en marcha, aún tiene que desarrollarse el complicado proceso de adaptar, a nuestro marco legal y al europeo, la norma que la materialice. Se espera la participación de juristas expertos en derechos de la naturaleza, legislación nacional e internacional. Si no hay retrasos, a finales de mayo el Mar Menor podría estrenar su nuevo estatus, una vez se vote y apruebe la Ley en el Pleno del Congreso.
Los derechos propios del Mar Menor parten de una Iniciativa de Ley Popular (ILP) promovida por Teresa Vicente, profesora titular de filosofía del derecho de la Universidad de Murcia y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de esta institución.
A ella se sumaron una infinidad de asociaciones y plataformas cívicas (como SOS Mar menor o Pacto por el Mar Menor, por citar las más comprometidas) que ayudaron a recoger las 500.000 firmas de puño y letra que exigía la ley, a pesar del confinamiento o los perimetrajes impuestos durante la pandemia. Consiguieron un total de 639.826 rúbricas, en el tiempo estipulado y sin necesidad de prórroga.
Mar Menor
Con la votación de ayer, la ILP del Mar Menor pasa a ser un Proyecto de Ley. “Es una alegría enorme”, comenta a ELMUNDO Teresa Vicente. “Nunca pensamos que era un imposible, como se decía. Nosotros íbamos con la ilusión de ser la voz del Mar Menor, porque el Mar Menor tiene mucha vida, le hemos hecho mucho daño, pero tiene derecho a vivir”.
Mar Menor seguirá, así, los pasos de la Amazonía Colombiana, sujeto de derecho desde 2018. Antes, lo habían conseguido el Parque Nacional neozelandés de Te Urewera (de la mano de los maoríes en 2014); el río colombiano Atrato (ahora custodiado por sus pueblos ribereños desde 2016); el río Whanganui de Nueva Zelanda (también defendido por los maoríes, desde 2017); y otros seis ríos colombianos.
Como ejemplo fallido destaca el Lago Erie, uno de los Grandes Lagos que comparten Estados Unidos y Canadá y que, aunque en principio se aprobó su personalidad jurídica, esta se vio revocada en 2019 por un defecto de competencias. En la India, el intento de otorgar derechos propios al río Ganges, muy contaminado por restos de cremaciones humanas, aguas residuales o vertidos de fábricas, no salió adelante.
Aunque el Mar Menor ya cuenta con numerosas figuras de protección, ninguna de ellas lo ha salvado de sus tres muertes: la llamada “sopa verde” de 2016, la mortandad masiva de peces de 2019 y la mortandad continuada durante varias semanas de crustáceos y alevines en 2021, cuando de sus costas se retiraron más de 15 toneladas de flora y fauna descompuesta.
Situación crítica
La situación actual de la gran laguna salada es crítica. Su mal estado es algo crónico, como atestiguan las toneladas de algas que se amontonan en sus playas a diario. El Menor está sometido a la presión constante de una contaminación que no cesa y un clima cada vez más inestable que lo asedia. Expertos y naturalistas vaticinan un nuevo desastre ecológico muy pronto, cuando cesen las abundantes lluvias que han caído en la zona en las últimas semanas, llegue el buen tiempo y aumenten las temperaturas.
Teresa Vicente defiende la necesidad de esta ley de derechos propios porque todos los escudos “han fracasado”. Aunque el Mar Menor es un espacio de la Red Natura 2000; un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC); una Zona Especial de Protección para Aves (ZEPA); y una Zona Especialmente Protegida de Interés para el Mediterráneo (ZEPIM); esto no ha impedido sus interminables problemas de gestión, la explotación ilegal de su entorno agrario, el desmedido crecimiento urbanístico instalado a su alrededor, más los letales nutrientes y contaminantes que llegan desde la agricultura, la ganadería o la minería desde hace décadas.
De tener éxito este nuevo concepto de derechos de un espacio vivo, al Mar Menor podrían seguirle algunos de nuestros Parques Nacionales o ecosistemas más emblemáticos: Doñana, el Delta del Ebro o la Albufera de Valencia. Como pioneros, ahora nuestros vecinos podrán fijar la mirada en España y desarrollar leyes similares. En Francia ya lo intenta el ensayista Camille de Toledo para el río Loira. Mientras, la Unión Europea trabaja, lenta pero incesantemente, en una Carta de Derechos Fundamentales de la Naturaleza a la que darán un empujón los pueblos ribereños de la Región de Murcia.
